domingo, 2 de diciembre de 2012

Nuestra exposición (2ª parte)

En cuanto a la segunda parte de nuestra exposición, ésta estuvo dedicada a la paralización de obras e infraestructuras destinadas a la educación, tanto en Aragón como en el resto de España.

  • ARAGÓN: 
    • Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza (Zaragoza): 
La Universidad de Zaragoza acató hace unos meses la paralización de las obras de la nueva Facultad de Educación, cuando únicamente quedaban dos meses para su conclusión, debido a la falta de financiación para hacer frente a la recta final de los trabajos.

Esto supondrá duplicar el coste de lo que quedaba pendiente de abonar a la empresa encargada de las obras. Consiguientemente, los 5 millones de euros que dejará pendientes de pago la Universidad se convertirán en 10, debido a los costes provocados por las rescisiones de contrato vigentes entre la empresa encargada de su construcción –la Unión Temporal de Empresas Sacyr-Ideconsa– con subcontratas de empresas eléctricas o de climatización, con las consiguientes penalizaciones.

La obra, que se empezó en el 2010 y dentro del Plan de Infraestructuras 2006-2012 de la universidad, tenía presupuestado un coste de 20 millones y su finalización para el mes de septiembre, pero la ausencia de partidas para obras ha hecho imposible su culminación, aun con los 2,3 millones que, finalmente, modificaron esa partida gracias a una moción del PAR.

Resaltar que Educación y Filosofía y Letras son las principales damnificadas por la ausencia de financiación en el capítulo de obras por parte de la DGA. Además, el traslado de profesorado de Filosofía a la antigua Facultad de Educación no podrá llevarse a cabo hasta que no concluyan las obras en el nuevo edificio ahora paralizado, lo que supone otro contratiempo añadido.

  • ESPAÑA: 
    • CEIP Miguel Zubeldia, Serón (Almería): 

La AMPA 'Gadil' del CEIP 'Miguel Zubeldia' de Serón se encuentra "muy preocupada" por la demora en la reanudación de las obras del nuevo centro educativo, paralizadas desde hace varios meses. La directiva, recibida personalmente por los organismos implicados en la realización de esta infraestructura (delegación de Educación y empresa constructora UTE Gesforal-Aguaema), se siente indefensa ante el cruce de acusaciones de ambos entes que se inculpan mutuamente de la paralización de estas obras.

Así, en la reunión mantenida el pasado 3 de octubre entre AMPA, ayuntamiento de Serón y comunidad educativa con la delegada de Educación, Isabel Arébalo (quien se desplazó personalmente al municipio), esta última aseguraba que la deuda de la Junta con dicha empresa (motivo alegado por esta para la paralización de obras) asciende a algo más de 66.000 euros, según el contrato firmado por la constructora con el ISE Andalucía (Ente público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos).

Por su parte, la gerencia de Aguaema (en nombre de esta empresa) asegura que al menos la Junta de Andalucía les adeuda unos 104.000 euros, por eso para los responsables de Aguaema así es muy difícil trabajar, subrayando la poca financiación bancaria en la situación económica actual que les impide seguir las obras con estas condiciones de pagos por parte de la administración autonómica.

Ante las diferentes posturas y puesto que las obras continúan sin reanudarse, pese a las diferentes reuniones, el AMPA, preocupada por el estado actual de las aulas prefabricadas donde imparten las clases los alumnos y alumnas del CEIP Miguel Zubeldia, reclama una inmediata solución y un acuerdo que sirva para reanudar las citadas obras que debían haber estado terminadas a finales del pasado mes de junio. La directiva urge a los implicados a agilizar los trámites administrativos pertinentes, que de una vez por todas acaben con la provisionalidad de unas aulas que se programaron para 14 meses (en las cuales los niños llevan ya tres cursos) y que según apunta, suponen un deterioro en la educación de los niños y niñas de Serón.

Las obras de sustitución del CEIP Miguel Zubeldia se iniciaban en abril del pasado año con un plazo de ejecución de 14 meses y medio, paralizándose en junio con un 70% ejecutado. Los trabajos han incluido la demolición del antiguo centro, que será sustituido por unas nuevas instalaciones que contarán con una superficie útil de 1.951 metros cuadrados. Las nuevas dependencias albergarán tres aulas polivalentes para el alumnado de Infantil y seis para los estudiantes de primaria; con capacidad para 225 estudiantes de entre 3 y 12 años.

    • Nuevo centro educativo en Colindres (Cantabria): 

La Asociación Nuevo Colegio de Colindres ha manifestado su "preocupación y malestar" por la paralización de los trámites y "consiguiente retraso" en la construcción del nuevo colegio, por lo que no descarta retomar las movilizaciones.
En un comunicado, la agrupación considera que el soterramiento "no es excusa" para tal paralización, y denuncia que han transcurrido más de cuatro meses desde la adjudicación sin que se haya formalizado el contrato, lo que a su juicio evidencia “el poco interés en este proyecto”.

    • Nuevo centro educativo en Cascante (Navarra): 

Cascante inició varias movilizaciones después de que la dirección del colegio Santa Vicenta María y la Apyma, con el respaldo del alcalde, José Gómara (PSN), afirmaran que el Gobierno de Navarra ha paralizado las obras del nuevo colegio por los ajustes presupuestarios. Los primeros trabajos ya se habían iniciado con el vallado del solar y la instalación de casetas de obra. Además, la Apyma aseguró que Educación ha rescindido el contrato con la empresa encargada de las mismas, Construcciones Luciano Elcarte, pagando una indemnización, algo que negó el departamento.

Sin embargo, el departamento de Educación negó que haya rescindido el contrato con Construcciones Luciano Elcarte, a quien se adjudicó la obra por 2,7 millones. Afirmó que no hay nada decidido, pero sí reconoció que están estudiando varias opciones hasta conocer cómo afecta el último ajuste presupuestario. Dejó abierta la posibilidad de reformar el colegio actual, algo que se descartó hace 4 años por su alto coste, y varios técnicos visitarán el centro para ver en qué situación se encuentra.

    • CEIP Ausias March (Madrid): 

La escolarización de los niños del barrio de Butarque vuelve a estar en el aire un año más. El pasado 15 de febrero se hizo oficial la paralización de la obra de construcción del colegio público Ausias March, al presentar la empresa adjudicataria, Andobras SA, concurso de acreedores.

El Colegio Ausias March ha sido durante dos años el colegio “fantasma” de Villaverde, ya que, aunque ha tenido identidad propia, ha estado ocupando durante años las aulas del colegio público El Greco.

Tras las protestas de los vecinos, la Comunidad de Madrid planeó la construcción del nuevo colegio en una primera fase con 9 aulas de educación infantil que debía estar terminada en septiembre de 2011. Sin embargo, los plazos no se cumplieron y los más de 200 niños entre 3 y 5 años tuvieron que ser trasladados a un colegio de Vallecas durante todo un mes.

Para el inicio del próximo curso debería estar terminada la segunda fase, que consta de 18 aulas de primaria, comedor y gimnasio. Con la paralización de la obra, el futuro de la escolarización de los niños se complica, ya que no tendrán espacio físico para poder impartir sus clases.

La situación se agrava porque la Consejería de Educación, que se niega a construir un instituto para el barrio, pensaba utilizar las aulas del Ausias March para ubicar aulas de ESO, cinco grupos de primero y segundo, que ahora tampoco contarán con aulas propias. Esta continua política de ampliaciones, parches y chapuzas está condenando a los niños del barrio a una educación pública absolutamente deficiente.

Las asociaciones de padres y madres, y de vecinos del barrio se han unido para comenzar movilizaciones para exigir que se ponga fin a esta situación de inestabilidad y que la Comunidad de Madrid construya de manera definitiva los equipamientos educativos que el barrio necesita. Solicitan que se adopte una solución que permita que todo el alumnado pueda comenzar el curso con normalidad. El barrio exige el derecho de sus hijos a estudiar en el barrio y se niegan a que la Consejería de Educación vuelva a trasladarlos a otros centros de Madrid.

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